Cuando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, habló en el Senado el pasado mes de abril, parecía que la construcción de tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros era una idea reciente, un proyecto, algo necesario. Pero nunca transmitió la sensación, ni mucho menos la información, de que se trataran de hechos consumados.

Pero lo son. La construcción de tres nuevos CIE —uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid— está pactada con la Unión Europea, a quien se ha solicitado fondos para ello, desde el año 2013. Es más, aparece como una prioridad de gasto en los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2012. Europa tiene prevista su financiación mediante fondos FAMI, que ya tiene asignados y puede ejecutarlos hasta el año 2020.

La asignación presupuestaria para el Plan de Infraestructuras para la Inmigración —desde el cual se financian obras de reforma y construcciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros— pasó de 150.000 euros en el año 2013 a 1.275.000 en 2014 (y sucesivos).

Esta información aparece en el contexto de la investigación sobre la Industria del Control Migratorio que está realizando la Fundación porCausa y de la cual se han hecho eco El Confidencial, eldiario.es y La Ser.

Consultado el Ayuntamiento de Algeciras por la Fundación porCausa, ha confirmado la cesión del terreno a Interior en su ámbito municipal (10.000 metros cuadrados en una parcela anexa a la prisión de Botafuegos) para la creación de un CIE que sustituya al actual, que está en unas pésimas condiciones. Respecto al Ayuntamiento de Madrid, no saben nada de un nuevo CIE pero señalan estar en contrapor la vulneración de derechos humanos que supone un centro de este tipo, donde se priva de libertad a personas que han cometido una falta adminsitrativa. Eso no quita para que no pueda estar en el pensamiento del Ministerio del Interior el levantar un segundo CIE fuera del ámbito municipal de Madrid pero dentro de la Comunidad Autónoma. Con Málaga el caso es similar, pues el Pleno del Ayuntamiento aprobó en abril de 2017 una moción de rechazo a que “en un futuro, se instale en la ciudad cualquier tipo de edificio o instalación ya sea bajo la denominación de Centro de Internamiento de Extranjeros, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, Centros de estancia temporal o cualquier otra que se pueda utilizar, que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa”. También lo hizo la Diputación de Málaga, pero está por verse qué fuerza tiene una moción ante una cesión de terreno de cualquier otro ayuntamiento de la provincia.