“No permitas que los hechos se crucen en el camino de un buen argumento electoral”. Bajo este axioma político tuvo lugar hace dos días la visita de Ángela Merkel a David Cameron, centrada en el futuro de Europa. En materia de integración, ambos habían adelantado un bosquejo de sus planes: la primera aprobando en diciembre una ley que expulsará de Alemania a los ciudadanos europeos sin empleo; el segundo utilizando los supuestos abusos fiscales de los inmigrantes para justificar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE. 

Comparado con las consecuencias nucleares que tendrán estas decisiones, las temidas propuestas electorales de Syriza en Grecia son populismo de la Srta. Pepis.

De los muchos daños colaterales que la Gran Recesión ha provocado en Europa, la amenaza a la libre movilidad de los ciudadanos y a la protección social de los extranjeros es una de las más inquietantes. En algunos de los países (y regiones) más prósperos del continente se ha extendido una especie irresponsable sobre la ‘inmigración de los pobres’, basada en los supuestos abusos que los foráneos ejercen sobre sus generosos sistemas sociales y que justifica reconsiderar el estado de las cosas. La Canciller alemana ha capturado este sentimiento con una frase que cae como lluvia fresca sobre sus pastos electorales: “Libre circulación sí, abusos no”.

Lástima que las conferencias de prensa no permitan mucho espacio para los detalles. Sobre todo si los detalles contradicen por completo los mensajes de los primeros ministros: En Alemania, una mayoría abrumadora de los extranjeros (incluyendo a los detestados rumanos y búlgaros) trabajan, pagan sus impuestos y contribuyen a sostener el sistema de seguridad social. En Suiza, los niveles de desempleo entre los trabajadores nacionales y extranjeros son bajos, y la contribución de estos últimos al sistema de bienestar ha sido consistentemente positiva. Los extranjeros que residen en el Reino Unido tienen niveles de desempleo y gasto social per cápita por debajo de la media de los nacionales.

Las evidencias -como el análisis amplio que publicó la OCDE en 2013- se extienden en la misma dirección en prácticamente todos los países desarrollados, donde los inmigrantes mejoran los niveles salariales y de empleo de los nacionales, mientras su contribución a las balanzas fiscales es neutra o ligeramente alejada de cero. De hecho, sugieren que lo que ayudaría a mejorar estas cifras no es la expulsión de los trabajadores extranjeros, sino la regularización de los miles de inmigrantes irregulares que viven y trabajan fuera del radar de los sistemas fiscales.

La hechicería estadística no se limita en ningún caso a las regiones europeas ricas (fue el Gobierno de España quien despojó en 2012 a los inmigrantes irregulares de su acceso a la sanidad utilizando unos cálculos que hubiesen abochornado al presidente de la República de Libertonia). En demasiados países de la UE, la imposibilidad de sostener debates públicos informados sobre la base de hechos y no de creencias o intereses electorales constituye un verdadero cáncer. Las leyes de transparencia ayudarán a democracias débiles como la nuestra, pero no es suficiente. Necesitamos académicos aterrizados, sociedades civiles independientes y periodismo comprometido que contrasten estos hechos y exijan la rendición de cuentas que hoy se nos niega. La libre movilidad y la protección social de todos los que viven en Europa son solo una parte de lo mucho que nos jugamos.

Artículo originalmente publicado en el Blog 3500 millones de El País.