Hace ahora un año comenzamos a trabajar en la Fundación porCausa para responder a una pregunta: ¿quién gana? Es decir quién gana (¿dinero?, ¿poder?) con este sistema migratorio que detiene a las personas en las fronteras, a toda costa. Teníamos claro quién pierde: 5.143 personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo en 2016, según la OIM.

Pronto esas dos palabras se convirtieron en el nombre en clave #quien-gana y, más que eso: una obsesión. Porque cuando tantas personas pierden, alguien gana mucho. ¿Cuánto? Aún no lo sabíamos. El área de investigación de porCausa creó un primer equipo formado por Yuly Jara, Daniel Martínez, Ander Alonso, Lucía Gómez y Héctor Millano. Con paciencia, con mucha paciencia, con altas dosis de paciencia, ¡con tazas de tila!, estos periodistas e investigadores sociales comenzaron a recopilar contratos de la administración pública vía Portal de Contratación del Estado, BOE y Portal de Transparencia. Si ustedes piensan que gracias a estas tres herramientas informativas España es un país transparente, se equivocan. Han sido muchos los escollos en el camino: algunos insalvables.

La contratación pública representa alrededor de 20 por ciento del PIB de España, una gestión que debe escrutarse con lupa pues es la fuente de la corrupción política. Mientras desarrollábamos nuestra investigación se tramitaba en el Congreso la nueva Ley de Contratos del Sector Público, un avance que Civio considera exitoso y que entrará en vigor en marzo de 2018. Con la nueva Ley tendremos información más detallada sobre el objeto del contrato, el nombre de los asesores externos a la mesa de contratación y toda la documentación paralela que sirve para justificar la resolución de las licitaciones. Otra de las novedades será que la información permanecerá accesible durante al menos cinco años (y, posteriormente, podrá ser obtenida mediante consulta al Portal de Transparencia). Nosotros hemos recopilado documentación de los últimos quince años y, cuanto más atrás en el tiempo, más opacidad. Los -incomprensibles, a nuestro juicio- borrados en el Portal de Contratación nos llevan a haber podido consultar un contrato de 2010 hace unos meses y no localizarlo ya ayer mismo.

Casi mil millones de euros conforman la Industria del Control Migratorio en España. Conoce cómo es, cómo funciona, quién gana.

Bajo el criterio de Virginia Rodríguez, directora de la investigación junto a Gonzalo Fanjul, se fue tomando la decisión de qué contratos incluir o no en la base de datos que estábamos creando. El objetivo era limitarlo exclusivamente a aquellos objetos que respondieran a la vigilancia, el control y el mantenimiento de los perímetros fronterizos y de otros mecanismos que sirvieran para hacer funcionar el sistema migratorio en su servicio de detención y expulsión, como por ejemplo los Centros de Internamiento de Extranjeros; el sector de la acogida e integración y, por último, aquellos gastos derivados de la externalización a terceros países.

Cuando empezamos a sumar contratos la radiografía de la industria comenzó a dibujarse a sí misma y, a través de ella, las políticas que la conforman: el 97 por ciento de la cuantía se lo estaban llevando los contratos destinados a controlar. Imaginen lo que nos gastamos en acogida e integración. Ahí, de nuevo, asoman los que pierden.

Pasaron los meses y se sumaron a la investigación más compañeras y compañeros: Daniel Encimas, Belén Jiménez, Isabel Linares, Carmen Martínez, Juan Matilla, Daniel Mora, Álvaro Puyo y Carmen Ynzenga. Por último, y ya después del verano, se incorporó a este grupo Lydia García. No obstante, el grupo es más amplio y más personas hemos participado durante horas, muchas de ellas acababan en callejones sin salida, en las búsquedas: Ferriol Ametller, Lisette Diaz, Pedro Fernández, Irene Diego, Bruno Galizzi, Ana González-Páramo, David Pastor, Antonio Trives y yo misma.

Fue en la primavera de 2017 que nos pareció que la investigación estaba lo suficientemente cuajada como para invitar a los periodistas a formar parte de ella. Esto forma parte de la metodología habitual de porCausa: trabajamos con investigadores de la casa y luego colaboramos con periodistas de los medios para desarrollar historias. En este caso y dado que nos enfrentábamos a una base de datos de empresas, les propusimos a Daniele Grasso de El Confidencial y a Joaquín Castellón de La Sexta que nos acompañaran. La experiencia de estos periodistas de investigación y datos con los Panama Papers nos hacía pensar que era el equipo adecuado. Desafortunadamente el equipo de La Sexta, imbuido por la salida de los Paradise Papers, se descolgó de este proceso. Por ello, y ya en la última fase, invitamos a otra periodista de investigación, Pilar Velasco, de la Cadena Ser, a colaborar con nosotros.

Lo que hoy publicamos es solo un arranque. Está en el código fuente de nuestra Fundación trabajar con una gran variedad de medios y formatos, compartir públicamente con licencias abiertas, acompañar y promover un periodismo de calidad basado en la investigación que sabemos que cuesta un tiempo y un dinero que es difícil de encontrar en las redacciones de los medios de comunicación.