Por De tanto interpretar a la baja las leyes de asilo y refugio para evitar una reacción de rechazo en las poblaciones europeas, sus gobiernos y las instituciones de la Unión Europea han hecho precisamente lo que los xenófobos siempre han querido. Provocar primero la histeria colectiva y anteponer después la supuesta «seguridad» a cualquier otra consideración, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales. El discurso del Presidente de la Comisión, Juan Claude Juncker, durante el debate sobre el estado de la Unión esta semana fue un reflejo fiel de esta derrota. «Tengo la convicción que una solidaridad mayor sería necesaria pero también que la solidaridad es un acto voluntario. Debe salir del corazón. La solidaridad no se puede imponer».
La solidaridad tal vez no, pero las leyes que regulan la responsabilidad internacional de protección sí que pueden y deben ser impuestas. Un asunto que la UE ha dejado en entredicho con su actuación y que determinará la cumbre en la Asamblea General de la ONU para tratar la situación global de refugiados y migrantes. En una declaración sin precedentes, los jefes de estado y líderes de 193 países establecerán un compromiso basado en cuatro puntos: la protección de los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes; una campaña global contra la xenofobia; desarrollar antes del fin de 2018 un pacto global para una regulación segura, ordenada y regular de las migraciones; y asegurar un reparto equitativo de las responsabilidades de acogida e integración de todos los refugiados.
Este proceso enfrentará a las naciones del mundo al dilema esencial de los derechos del individuo frente a la soberanía de los Estados
Por decirlo de forma simple, si el rasero de estos compromisos es el que ha establecido la UE durante estos cuatro años, yo no iría descorchando el champán.
Europa, que hasta esta crisis podía defender sin sonrojarse un historial en defensa de la consolidación y protección de los derechos humanos en todo el mundo. En este tema va a tener dificultades para aguantarle la mirada a países como la RD del Congo, Jordania o Etiopía. Naciones paupérrimas donde viven bolsas de refugiados que multiplican en porcentaje los acogidos por la región más próspera del planeta. Y más vale que la conversación sobre una «regulación segura, ordenada y regular de las migraciones» pille a los países ricos en la cafetería. Su capacidad para convertir la movilidad internacional de trabajadores en la excepción de 60 años de integración económica sugiere que la globalización liberal es una fe que se profesa por bloques.
Con todo, el proceso que comienza el 19 de septiembre tiene una importancia difícil de exagerar, porque enfrentará a las naciones del mundo al dilema esencial de los derechos del individuo frente a la soberanía de los Estados. Un dilema que no hará más que intensificarse en los próximos años a medida que los flujos de desplazamiento voluntario y forzoso entre países se incrementen como consecuencia de factores como la fuerza de la desigualdad de ingreso o la vulnerabilidad generada por el cambio climático.
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