Por Los recortes de los derechos y libertades fundamentales tienen su raíz en las “draconianas y represivas campañas nacionales de seguridad”, según denuncia Amnistía Internacional. Para la oenegé, esta defensa de la seguridad nacional se realiza a través de medidas represivas diseñadas tan solo a corto plazo y que obedecen a intereses particulares.
En su informe anual sobre la evaluación de los derechos humanos, la organización ha recalcado que la protección internacional que existe sobre ellos corre el riesgo de desmoronarse. De hecho, durante la presentación del informe, el secretario general de Aministía Internacional, Salil Shetty, ha advertido que los derechos “son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo”. De este modo, la reacción de los gobiernos ha consistido en “reprimir a la sociedad civil” y los derechos a “la intimidad y la libertad de expresión”. Para los estados, la protección de los derechos humanos es vista como una “amenaza” para la seguridad, el orden público o los “valores nacionales”.
“Han llegado, incluso, a violar su propia legislación”, añade Shetty.
Según las cifras, tan solo en el año 2015 más de 122 estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 30 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. Los datos recopilados también desvelan que al menos en 19 países el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.
El informe también denuncia que esa violación de derechos humanos es “insidiosa” y “progresiva”, llegando incluso a calar en las instituciones cuyo origen se encuentra en “la acción deliberada de gobiernos que atacan, abandonan o no aportan fondos suficientes a las instituciones destinadas para la protección de los derechos”.
La organización advierte sobre una tendencia de ataque cada vez más común contra activistas, profesionales de la abogacía y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos. “En lugar de reconocer el papel fundamental de estas personas en la sociedad, muchos gobiernos se han propuesto acallar por completo las críticas en su país. Se han saltado sus propias leyes en sus campañas de represión contra la ciudadanía”, relata el secretario de Amnistía Internacional.
De este modo se ha contabilizado que en 113 países se restringió arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa. En 61, se encarceló a presos y presas de conciencia y 156 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron en detención o fueron víctimas de homicidio.
Una de las prioridades de 2016: los refugiados
La manera en la que ha actuado la Unión Europea y sus estados miembros en materia de derechos humanos hacia los refugiados ha sido duramente criticada por AI. «Como bloque político más rico del mundo, la UE ha fallado por completo para llegar a una respuesta coherente y humana a la crisis de refugiados«, explican en su informe anual.
La organización critica, por un lado, la respuesta tardía que ha dado Europa a la crisis de refugiados más importante desde la Segunda Guerra Mundial y la obsesión desde las instituciones por contener a estas personas fuera de sus fronteras.
Se proponen varias soluciones. Una es establecer rutas seguras para evitar que refugiados emprendan viajes peligrosos durante su huída del conflicto. Otra, el reasentamiento acelerado de los refugiados en situación de vulnerabilidad, más de un millón de personas. También, la reubicación de personas refugiadas que se encuentran en países que están acogiendo a gran cantidad de esta población, como por ejemplo en Jordania, Líbano o Turquía para así disminuir la presión que tienen estos países. Y, por último, la creación de un fondo global que ayude a financiar de una manera más fácil y rápida, por un lado, los llamamientos humanitarios y, por otro, los países que albergan a un gran número de personas refugiadas.
España tampoco escapa de esa ola de recortes
La organización también muestra su preocupación por el deterioro de los derechos en España. Entre ellos se encuentran la libertad de expresión y reunión, los desahucios producidos y las expulsiones colectivas en los enclaves de Ceuta y Melilla.
Una reforma del Código Penal y una nueva Ley de Seguridad Ciudadana han servido para menoscabar los derechos de los españoles a expresarse. Esta nueva ley estableció los límites sobre dónde y cuándo estaban permitidas las manifestaciones y definió sanciones adicionales para quienes celebren manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios públicos. Además, dotó a los agentes de policía de amplias competencias para multar a personas que les mostraran “faltas de respeto”, según el informe.
Amnistía Internacional denuncia que, durante el año 2015, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo expulsiones colectivas e hicieron uso excesivo de la fuerza contra personas que trataban de entrar de forma irregular en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos.
Con respecto a los desahucios, la organización recuerda que, según estadísticas publicadas en marzo por el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2014 se habían iniciado en España 578.546 procedimientos de ejecución hipotecaria. Durante los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron otros 52.350.