«Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo», señala el artículo 41 de la Constitución Española en su Título I, tal y como recordó al Pleno del Congreso el portavoz del PNV, Emilio Olabarría.

A pesar de ello, este martes el pleno del Congreso de los Diputados rechazaba la proposición de ley planteada por Convergència i Unió para aumentar la cuantía de las prestaciones por hijo en familias con rentas muy bajas y elevar el umbral de acceso para recibir esta ayuda. Esta iniciativa ofrecía una posible solución a los preocupantes niveles de pobreza infantil que registra hoy nuestro país. España es el segundo miembro de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil: el 33,8% de los niños y niñas españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según señalan diversos informes de Save the Children, UNICEF o los propios análisis realizados por el área de investigaciones de porCausa. La reducción de la inversión en infancia en euros constantes desde 2007 ha sido de un 14,6% desde 2010, y la dotación presupuestaria destinada a la infancia desde 2010 ha caído en 6.370 millones, es decir 772 euros por niño (UNICEF).

En este momento la prestación para menores de 18 años, sin minusvalías reconocidas, es de 291€ al año (24€ mensuales), y pueden acceder a ella las familias donde los ingresos conjuntos de los padres no superen los 11.519€ brutos anuales (alrededor de 700€ netos mensuales). Una cantidad que lleva sin actualizarse desde el año 2000. La proposición de CiU apostaba por aumentar la cuantía anual hasta 1.200€, con incrementos añadidos en casos especiales, y situar el límite de la renta anual familiar en 25.400€, asegurando así que la mitad de los niños en el territorio español estuviesen cubiertos por esta medida de protección. «Es una propuesta ambiciosa en los números», ha reconocido Carles Campuzano, ponente de esta propuesta.

Durante su turno de intervención, el Bloque Nacionalista Galego ha apoyado la propuesta de CiU, al igual que el PNV. «Hemos superado la crisis, pero no sus consecuencias», ha expresado Emilio Olabarría, diputado del PNV. UPyD también se ha sumado a la iniciativa, señalando que el problema de fondo ha sido dedicar los recursos a salvar el sistema en lugar de salvar la sociedad. «Otros países han sido eficaces en la lucha contra la pobreza infantil porque se lo han tomado en serio», han añadido. Izquierda Plural se ha mostrado a favor de la propuesta, destacando el hecho de que no se trata de una prestación universal, considerando que este grupo defiende “la universalidad de los derechos, pero la progresividad de las prestaciones”. El PSOE expresó igualmente su apoyo a la iniciativa y afirmó que «una vez más nos deben salir los colores porque nuestro país se encuentre en una situación de pobreza tan bochornosa”. Su portavoz, María Luisa Carcedo, destacó que «éste no es país para niños, en especial para niños pobres. Estamos lastrando su competitividad y su futuro».

La respuesta política a un problema como la pobreza infantil, multidimensional y multicausal, debe ser coherente, integral y en profundidad. Europa ha proporcionado una buena guía a sus países miembros a través de la Recomendación de 2013, Invertir en la Infancia: romper el ciclo de desventajas. Este documento señala tres caminos estratégicos a seguir de forma combinada y coordinada para alcanzar el objetivo final de reducción de la pobreza infantil. El primero es el acceso de los niños a recursos adecuados, lo que pasa por asegurar a sus padres un lugar adecuado en el mercado laboral y por garantizar un nivel de vida digno mediante la combinación de diversas prestaciones. El segundo es el acceso a servicios de calidad, es decir educación, salud y vivienda. Y finalmente, el tercero es el derecho de los niños a participar en la construcción de la sociedad en la que se desarrollan.

La propuesta de CiU traslada a la política española uno de los elementos de la Recomendación, las prestaciones, y reconoce que la pobreza en general, y la infantil en especial no se soluciona con el empleo que se generará gracias a la recuperación económica. Tal y como se señalaba durante la discusión en el plenario, la pobreza infantil y la desigualdad son algunos de los problemas estructurales españoles que se han manifestado en toda su magnitud con la crisis. La recuperación que algunos indicadores señalan está produciendo empleo, pero a un ritmo desesperadamente lento y con unas condiciones de precariedad que llegan a ser alarmantes. Por lo tanto, transferencias económicas como la propuesta por CiU son indispensables para apoyar a familias con hijos, que hoy no pueden hacer frente a necesidades materiales de primer orden.

Una sociedad ética (y también inteligente) debería invertir en la infancia. En este sentido, España ha reconocido el valor de la solidaridad intergeneracional para los mayores de 65 años, y cuenta con un sistema de pensiones que ha servido de pararrayos a la crisis. Es el momento de extender esta solidaridad hacia los niños. Invertir en infancia es invertir en la formación de aquellas personas que se enfrentarán en el futuro a una sociedad del conocimiento cada vez más competitiva, que construirán la Marca España, que percibirán los salarios que sostendrán las pensiones de la generación del baby boom.

Estos elementos han estado presentes en el Congreso, como también lo ha hecho el discurso de racionalidad, prioridad de gasto y austeridad que ha defendido la portavoz del grupo parlamentario popular, Marta Torrado. Apelando al espíritu navideño del momento, ha calificado las intervenciones de los grupos anteriores de «intenciones atolondradas», siendo este el argumento para rechazar una propuesta de la cual CiU «no ha dicho de donde saldrá el dinero». Ante esta pregunta, debería acudir a su compañera de partido María Dolores de Cospedal, que hace pocos días inauguraba una torre de 4 millones de euros en Socuéllanos. «Prioridad» de gasto que denuncia la oposición de este municipio de 13 mil habitantes.

Una vez más, la política ha dado la espalda a los niños que sufren la pobreza en nuestro país. Nuestros datos mostraron cómo hasta septiembre solo se habían presentado en esta legislatura dos iniciativas al respecto. Ahora son tres presentadas, cero aprobadas.

Artículo originalmente publicado en el Blog 3500 millones de El País.