Por Mientras que en el año 2015 el 70 por ciento de la población que llegaba a Europa eran hombres, en estos momentos la llegada por mar de mujeres, niñas y niños a Grecia supone el 60% del total. Por la condición de vulnerabilidad de estas personas, el tránsito migratorio es cada día más peligroso.
“No duermo por las noches» dice Somod (nombre ficticio), mujer Siria de 50 años, viuda y con seis hijos, en el puerto del Pireo en Grecia. «Me siento en una silla afuera, vigilando las tiendas de mis nueras y mis hijos, para que nadie entre y les haga daño. Este no es un lugar seguro. Los afganos, que están al otro lado de la carretera interna del puerto, se emborrachan y pasan a nuestra parte merodeando para meterse en las tiendas de las mujeres. Yo soy responsable de toda mi familia”.
Amnistía Internacional recogió un testimonio similar de Reem, una mujer siria de 20 años que viajaba con su primo de 15. «Las tiendas eran mixtas y fui testigo de escenas de violencia. Me sentía más segura mientras nos desplazábamos, especialmente en autobús, el único lugar donde podía cerrar los ojos y dormir».
La organización Women’s Link Worldwide ha presentado una denuncia contra la Comisión Europea por no garantizar la protección de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en su huida hacia Europa. Especialmente mujeres y menores, tras adoptar el polémico acuerdo con Turquía.
«Los afganos se emborrachan y pasan a nuestra parte merodeando para meterse en las tiendas de las mujeres»
Esta queja presentada a la Defensora del Pueblo Europeo mantiene que la Comisión Europea violó el marco normativo de la UE y sus valores y principios al no analizar el impacto negativo que la adopción del acuerdo tiene sobre mujeres, niñas y niños.
ACTUALIZACIÓN (03/08/2016):
La Defensora del Pueblo Europeo ha admitido la queja presentada por Women’s Link Worlwide sobre las vulneraciones de derechos que sufren mujeres, niñas y niños por el acuerdo entre la UE y Turquía. Por tanto, se abrirá una investigación a la Comisión Europea para determinar si se incumplen las obligaciones de protección a personas refugiadas con especial vulnerabilidad. Esto al no haber evaluado el impacto negativo que el acuerdo tendría sobre los derechos humanos, y si se viola el marco normativo europeo y sus valores fundacionales.
“Con este tratado, la UE está abandonando sus funciones más básicas en la defensa de los derechos humanos. Pretenden mirar hacia otro lado cuando estamos viviendo la llegada de refugiados más intensa desde la Segunda Guerra Mundial”, afirma Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link. “La declaración de Turquía como tercer país seguro, sin analizar caso por caso y sin valorar las consecuencias sobre mujeres y niñas es una violación catastrófica de sus derechos”.
La queja, presentada el pasado 21 de junio, es la primera que expone un análisis diferencial sobre las consecuencias que el acuerdo con Turquía tiene para mujeres y niñas. En ella se plantea que si se hubieran analizado las consecuencias de este tratado y otras políticas, se habrían evitado las dramáticas situaciones vividas por personas refugiadas. Sobre todo mujeres y menores, en territorios europeos.
Women’s Link ha comprobado in situ en misiones a Grecia y Turquía cómo la Comisión Europea no ha tenido en cuenta el derecho a una mínima dignidad de personas migrantes y refugiadas.
“Es inadmisible que la Comisión Europea actúe como si estas personas no estuvieran también bajo su responsabilidad”
Condiciones precarias de alojamiento, aseo, alimentación, iluminación y seguridad en asentamientos improvisados y centros de detención son la realidad cotidiana de mujeres y niñas refugiadas. Sin apenas acceso a la salud, sin atención sanitaria a mujeres embarazadas, niños pequeños y recién nacidos, estas personas más vulnerables quedan expuestas a enfermedades. Además, las posibilidades de sufrir violencia y abusos sexuales por parte de autoridades, y de caer en redes de trata y tráfico con fines de explotación sexual y laboral aumentan.
El acceso al procedimiento de asilo en los plazos establecidos es también un asunto de denuncia. Así como la falta de asistencia juridica y traductores, y la dificultad de apelar y recurrir ante las solicitudes denegadas. “Es inadmisible que la Comisión Europea actúe como si estas personas no estuvieran también bajo su responsabilidad”, señala Waisman.“ Esta queja pretende ser una llamada de atención para que se apliquen todas las directivas y tratados de derechos humanos, de mujeres y de infancia que ha adoptado la UE. Y para que los intereses de las personas estén por encima de intereses políticos y económicos”.
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