Por Melilla es una ciudad especial, no solo por ser la tercera urbe con más edificios modernistas del planeta, solo por detrás de Viena y Barcelona. Hay más motivos: junto a Ceuta, Melilla alberga la única frontera terrestre de Europa y África, la más desigual del mundo en términos económicos (incluso más que la de México y Estados Unidos). Su situación fronteriza, su distancia geográfica respecto de la península y su estatus de Ciudad Autónoma hacen de Melilla un punto clave en materia militar (¿sabías que Melilla está excluida del acuerdo de España con la OTAN?), diplomática (es clave en las relaciones con Marruecos), política (es la cara visible de las leyes nacionales sobre migraciones) y social. Funcionarios, agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y otros servidores públicos representan más del 50% de la fuerza laboral de Melilla. Sus 11 kilómetros de frontera y el hecho de ser un punto de tránsito migratorio hacia Europa hacen que el Gobierno melillense disponga de un presupuesto superior al de cualquier ciudad española de 85.000 habitantes.
En general, en España mucha gente conoce Melilla por noticias y controversias de corto recorrido que versan sobre la entrada irregular de inmigrantes, las devoluciones en caliente, las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los niños y jóvenes extranjeros de sus Centros de Menores o, de manera más puntual, los escándalos de corrupción política (caso Abogados, Ópera, Tosca, Montecristo, Arquitectos, Voto por Correo, Publicidad Institucional, Campo de Golf…). Estos hechos tienen un denominador común: la impunidad.
Bajo estas informaciones existe una realidad más compleja y con impacto también fuera de Melilla. A principios de 2018, el equipo de investigación de porCausa se propuso descubrir y entender cómo la cuestión migratoria condiciona y afecta a la ciudad en su conjunto, y a la corrupción en particular. En primer lugar, la lupa se situó sobre las compañías que operan en Melilla en la denominada ‘industria del control migratorio’. Durante la investigación, porCausa recibió la filtración de más de 6.000 páginas de los sumarios de las llamadas operaciones Tosca y Ópera, los dos principales operativos anticorrupción de la Ciudad Autónoma, que salpican a una trientena de empresas locales y nacionales, y a decenas de cargos políticos. Este hecho marcó el posterior desarrollo de la investigación.
Tras un año de trabajo, después de analizar todos los contratos públicos de Melilla entre enero de 2015 y febrero de 2018 y tras realizar decenas de entrevistas, el equipo de investigación de porCausa descubrió que Melilla, sus habitantes y quienes la transitan son víctimas de una trama corrupta que emplea la intimidación, el discurso del miedo, dinero público, el chantaje e incluso la violencia para perpetuarse en el poder. El epicentro de este puzzle es el gobierno que desde hace 19 años preside Juan José Imbroda (Partido Popular). La corrupción en Melilla va más allá y también cuenta con aliados en el ámbito judicial, policial, empresarial e informativo, así como una amplia red clientelar en la que abundan los lazos de nepotismo (familiares ‘enchufados’), escasea la igualdad de oportunidades y el interés general queda relegado a un segundo plano. Llegados a este punto, porCausa y El Confidencial iniciaron un proyecto periodístico conjunto: así nació #MelillaVice.
El equipo de investigación de porCausa y El Confidencial pudo constatar que la corrupción en Melilla tiene consecuencias visibles e invisibles. Mientras un grupo reducido de personas saca partido del marco de impunidad en que se encuentra la ciudad, los melillenses de a pie se ven ante la tesitura de tener que elegir entre aceptar irregularidades para, por ejemplo, obtener un puesto de trabajo, o hacer la vista gorda para no sufrir represalias. Denunciar lo que sucede en Melilla no es fácil para quienes viven allí, por eso desde porCausa disponemos de un buzón seguro en Fíltrala a disposición de quienes deseen aportar información sin comprometer su seguridad.
Esta coyuntura afecta especialmente a las personas más humildes de Melilla, aquejadas de uno de los mayores índices de desempleo de España y niveles de pobreza superiores a la media nacional. La desigualdad es uno de los signos más visibles de esta trama, que también afecta a muchos empresarios honestos, especialmente compañías pequeñas y medianas, que no encuentran un espacio transparente y equitativo para competir por los concursos públicos en una ciudad en la que el grueso de la economía depende de las acciones y contratos de un gobierno propenso a la contratación a dedo.
Los periodistas locales más comprometidos con su labor son objeto de presiones, despidos, silenciamiento e incluso agresiones, según pudo constatar porCausa. Numerosos jueces, fiscales y funcionarios públicos que actúan con independencia también enfrentan estos problemas, a los que se suma las escasez de recursos y la inestabilidad. Las personas migrantes, uno de los colectivos más vulnerables, se encuentran desamparadas o en situaciones infrahumanas, a pesar del dinero público que el Estado central pone en manos de las autoridades locales para que garanticen sus derechos básicos -y que en buena medida, según la investigación, termina en manos de compañías investigadas por supuestos delitos de corrupción, y sobre las que la Guardia Civil dispone de pruebas documentales fehacientes de comisión de delito-. A pesar de las críticas de las autoridades melillenses hacia este colectivo, los migrantes son instrumentalizados para favorecer el inmovilismo, desviar la atención ante la corrupción y exigir más dinero al Estado.
La trama que opera en Melilla ha sido capaz de perpetuarse impune en parte debido a la ineficacia de la Justicia. Las trabas a la labor de jueces y fiscales se compaginan con un amplio repertorio de relaciones personales e interesadas entre determinadas figuras de la Magistratura y el entorno del Gobierno melillense. En Fundación proCausa y El Confidencial hemos documentado varios ejemplos de estas prácticas y también de cómo a menudo se premia la lealtad de personas que hacen de “cabeza de turco” para evitar daños mayores a los círculos del poder político local. Otra circunstancia que evidencia esta anormalidad se encuentra en la figura del interventor. En España, la gestión económica de los distintos gobiernos (locales, autonómicos, central) es fiscalizada por la figura del interventor, un funcionario de carrera e imparcial que determina si los contratos públicos se ajustan a la ley. Para casos excepcionales, existe la figura del interventor accidental, nombrado por el poder político. Melilla lleva al menos desde 1996 con un interventor accidental, es decir, nombrado por el gobierno local de turno.
#MelillaVice arranca con esta publicación de El Confidencial en colaboración con porCausa. En adelante, el equipo de investigación de porCausa seguirá publicando nuevos hallazgos sobre la corrupción en Melilla. Si no quieres perderte ningún detalle, suscríbete a nuestra newsletter (haz clic aquí) y síguenos en Twitter, Facebook o Instagram. También puedes apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir investigando.