Por Alfonso Alonso, recién nombrado ministro de Sanidad, Servicios Social e Igualdad, tiene la misión de impulsar la agenda social del Gobierno en una legislatura que comenzó con las elecciones celebradas el día internacional de los derechos del niño de 2011. Esta coincidencia podría haber sido una inspiración para hacer frente al crecimiento de la pobreza infantil, un problema que ya era preocupante hace tres años y que hoy es una emergencia social invisibilizada. Al menos hasta ahora, ante la inminencia de las citas electorales del próximo año.
porCausa nace para realizar preguntas y compartir las respuestas que hemos hallado en la investigación y el análisis de datos. Pocas son tan relevantes como las que afectan a la pobreza infantil:¿Cuál ha sido la prioridad política de esta legislatura? ¿Qué ha supuesto para los niños en riesgo de pobreza y exclusión? ¿En estos tres años, qué se ha hecho para combatir la pobreza infantil? ¿Qué dificultades han surgido?
Empezando con el pie izquierdo
Desde que comenzara la legislatura, el Gobierno ha antepuesto la disciplina fiscal y ha apostado por la recuperación social a través de la creación de empleo. Sin embargo, el ajuste presupuestario ha ido generando una deuda creciente con nuestros hijos y ha sentado las bases de un modelo de empleo precario e inestable. A lo largo de estos tres últimos años, la tasa de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social se ha mantenido invariablemente por encima del 30%, sin bajar de los dos millones y medio de niños y niñas en esta situación.
Como respuesta, se han articulado iniciativas de lucha contra la pobreza infantil en torno a tres planes estratégicos. El primero de ellos fue el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA). Entre las medidas que prevé para lograr los objetivos de apoyo a las familias, protección e inclusión social y educación de calidad figuran iniciativas para abordar de forma expresa la pobreza y exclusión social. La consecución de estos objetivos debe enfrentar una dificultad importante: la fragmentación territorial ya que son las Comunidades Autónomas las competentes en materia de infancia y servicios sociales, ámbitos en cuya gestión es igualmente crucial el papel de los ayuntamientos.
PNAIN
El segundo es el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) que señala la pobreza infantil como una prioridad y prevé medidas alineadas con la recomendación de la Comisión Europea sobre inversión en infancia. Sin embargo, en lugar de un objetivo estratégico la pobreza infantil aborda como un eje transversal de actuación. Planteamiento que añade a la anterior la limitación de que la situación de los niños se aborda como un “añadido” de medidas más generales que, por otro lado, ponen el foco en la pobreza de las familias. Es decir, no se aborda la pobreza infantil atendiendo de manera integral y específica a sus múltiples dimensiones.
El Plan de Apoyo a las Familias ni siquiera está aprobado, y aunque se ha señalado como una de las primeras tareas del nuevo Ministro, los compromisos que reflejen sus objetivos y medidas serán, básicamente, responsabilidad del próximo gobierno.
Tres años después empiezan a llegar compromisos y promesas, como las del Secretario General del PSOE de crear un fondo de 1.000 millones para acabar con la pobreza infantil extrema antes de 2020 si gobierna. También se están promoviendo iniciativas en sede parlamentaria. Si bien durante esta legislatura no se han aprobado iniciativas para abordar la pobreza infantil, la próxima semana se debatirá una relevante proposición de ley del grupo parlamentario catalán en torno a una respuesta parcial a la pobreza infantil: la mejora en la prestación económica por hijo o menor acogido a cargo. Esta respuesta del poder legislativo es muy distinta a, por ejemplo, el caso británico cuyo parlamento aprobó en 2010 una ley sobre pobreza infantil resultado de un impulso político mucho más digno de imitar que las medidas concretas en que se ha materializado.
Leyes para la Infancia
En breve llegarán al Congreso estas Proposiciones de Ley de protección de la infancia. Todo apunta con ellas se producirá un importantísimo avance en la definición del concepto de interés superior del menor. Impondrá obligaciones concretas de análisis y consideración de los múltiples factores y dimensiones de la vida de los niños que puedan verse afectados por decisiones legislativas, gubernamentales, administrativas y judiciales. Obligaría, por ejemplo, a realizar informes de impacto en infancia de las leyes que deban aprobarse, incluidos los presupuestos.
Los presupuestos son los auténticos delatores de las prioridades políticas de los gobiernos. En los próximos días se hará público un necesario análisis sobre inversión en infancia del que esperamos que se hable mucho y en profundidad. Cualquier recordatorio sobre el volumen y gravedad de la deuda que estamos contrayendo con las próximas generaciones será bueno para elevar el nivel de exigencia de la ciudadanía con nuestros representantes políticos.