Por VIRGINIA RODRÍGUEZ @VRBartolome
La respuesta de la Unión Europea (UE) a la crisis migratoria declarada en 2015 fue contestada abiertamente y desde el primer momento por varios de sus Estados miembros. Estas reacciones cuestionaron los fundamentos de la integración, los procesos de toma de decisiones y la gestión comunitaria de la política migratoria. Unos años después, estos cuestionamientos están en la base de una crisis política de la UE de la que dio cuenta Jean Claude Jünker, presidente de la Comisión Europea, en su último discurso sobre el Estado de la Unión el pasado mes de septiembre.
Un repaso no exhaustivo de las resistencias planteadas por un importante número de Estados incluiría las suspensiones del tratado de Schengen sobre la libre circulación de personas y la negociación y quejumbrosa implementación de los acuerdos para la reubicación de solicitantes de asilo desde Grecia e Italia. También los múltiples procesos sancionadores abiertos por la Comisión Europea a prácticamente todos los Estados miembros por la falta de transposición de directivas comunitarias en materia migratoria y de asilo. A esto se suma el bloqueo de facto que se da en el Consejo de la UE para sacar adelante la revisión del sistema europeo común de asilo, la ruptura del consenso comunitario en el ámbito internacional en la negociación del Pacto Mundial sobre migraciones, y más. Todos ellos son ejemplos de cómo la gestión de la crisis migratoria ha contribuido a la crisis del propio proyecto de integración europeo.
En este contexto, la política migratoria comunitaria se ha convertido en arma arrojadiza para influyentes fuerzas políticas de todo el continente. Exacerban una narrativa antimigración para retar las obligaciones y responsabilidades derivadas de su condición de Estados miembros de la UE.
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