La sobrepesca amenaza con llegar a límites catastróficos, especialmente en África Occidental, y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) contribuye enormemente a la sobrepesca. En la región costera que va solo de Senegal a Nigeria, se calcula que el 50 por ciento de los recursos pesqueros están sobrexplotados, y que un tercio de ello se debe a la pesca ilegal.
Parte de las conclusiones del informe incluyen un cálculo de los puestos de trabajo que se podrían haber creado de explotarse los recursos pesqueros por empresas y comunidades de la misma región: más de 300.000 en los países costeros del África Occidental desde Marruecos a Sudáfrica.
Esto es de enorme relevancia, ya que en muchas ocasiones las flotas extranjeras que faenan en estas aguas lo hacen bajo acuerdos, frecuentemente opacos, por los que pagan muy poco. Ejemplos de ello son los acuerdos de Mauritania con las flotas china, surcoreana y rusa.
De hecho, según FAO, los ingresos por derechos de pesca en estos países rondan los 400 millones de dólares, mientras que invertir en el sector pesquero podría generar 3,3 billones de dólares.
El segundo descubrimiento surge directamente de la visualización de las señales que emitieron los 35 reefers –enormes buques de carga congeladores— que operaron en la región durante 2013. Por ejemplo, se ve claramente que algunos de ellos pudieron haber contribuido a la pesca ilegal en las zonas económicas exclusivas de Senegal y Costa de Marfil, donde el trasbordo de pescado está prohibido.
Una peculiaridad del informe es que utiliza por primera vez tecnologías big data para interrogar a una enorme base de datos –la mayor del mundo dedicada a barcos pesqueros, que está en manos de la empresa FishSpektrum—, y para comunicar y visualizar los resultados de dicha investigación. Así quedan en evidencia comportamientos sospechosos que muestran un patrón de movimientos erráticos o en zigzag, típico de los reefers que están a la búsqueda de barcos pesqueros con las bodegas llenas que deseen deshacerse de su pescado para seguir faenando.
La práctica del transbordo de pescado en las zonas exclusivas es muy común, pero hay mucha presión política y de grupos de campaña para que se prohíba cuando no puede ser supervisada por observadores a bordo de los reefers por ser un verdadero “coladero” de pesca ilegal. La Unión Europea, por ejemplo, veda la entrada de pescado transbordado por barcos con bandera de cualquier país de la Unión.
El patrón de movimientos en zigzag es típico de los reefers que están a la búsqueda de barcos pesqueros con las bodegas llenas que deseen deshacerse de su pescado para seguir faenando
Además de las organizaciones mencionadas arriba, FishSpektrum proporciona la base de datos y la metodología para el informe, mientras que CartoDB aporta las herramientas visuales para que esta información se muestre en forma de mapas interactivos en los que se pueden ver, literalmente, dichas prácticas.
Finalmente, otro hallazgo importante es el hecho de que cuatro quintos de todo el pescado que sale de la región lo hace a bordo de contenedores, y no de reefers, que hasta hace poco eran el principal método de transporte de pescado. Esto es de vital relevancia, dado que los contenedores no están sujetos al mismo escrutinio que los reefers por la legislación anti pesca ilegal de la Unión Europea –a donde van a parar el 44 por ciento de las exportaciones totales de la región.
De hecho, la Unión Europea solo interceptó 26 envíos de pescado contenerizado procedentes de todo el mundo en 2012, otros 75 en 2013 y otros 33 en 2014, que sumaban unas 8.000 toneladas métricas de pescado, lo que constituye una fracción de lo que entra en Europa.
Las conclusiones del informe abarcan una serie de recomendaciones que incluyen, además de la prohibición de los transbordos sin observadores, el establecimiento de un registro único y seguimiento para barcos pesqueros, un acuerdo global para considerar la pesca ilegal como un crimen transnacional, total trasparencia en los acuerdos pesqueros, y la ratificación y implementación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir la pesca ilegal de la FAO, entre otras medidas.