Por Como muchas otras familias de la zona, los Contento se dedican a la leche. En Saraguro, es tradición antigua la producción de quesillo. Y entre las vacas y las minas de oro, por allí nadie se hace rico, pero se tira adelante.
Fueron los requisitos sanitarios impuestos por Rafael Correa, dicen por Loja, al sur de Ecuador, lo primero que empezó a desestabilizar la industria en la región. Lo siguiente, el runrún de las empresas mineras.
El 17 de agosto de 2015, Sisa Contento salió a la calle, en su Saraguro natal, para protestar contra las reformas del Gobierno. Sentía que la pisaban a ella y a su familia. Pero otro magma, a unas 370 millas de allí (600 km), acaparaba la atención del país. El volcán Cotopaxi había despertado, dos días antes, tras una siesta de 70 años. Una desafiante columna de humo gris y ceniza espesa se irguió ocho kilómetros desde el cráter hacia el cielo. El peligro del deshielo del glaciar de la cumbre amenazaba a una población estimada de 300.000 habitantes.
Ecuador entró en estado de excepción.
Aquel día en el que la joven Sisa se manifestaba, la policía respondió con una agresividad poco habitual. Ella, junto a muchas otras y otros, acabó detenida en comisaría, acusada de cortar el tráfico de la Carretera Panamericana, una vía que recorre el continente de norte a sur, atravesando el cantón de Saraguro. La paralización de un servicio público, como se considera a la Panamericana, es un delito castigado con entre uno y tres años de cárcel, según el Código Penal del Ecuador.
La misma suerte corrieron Luisa Lozano y Amable Angamarca quienes, varios meses después, fueron sentenciados por el Tribunal de Garantías Penales de Loja a cuatro años de prisión por el corte de la autopista. Pero los acusados no lo ven así. «Solo por defender a una mujer embarazada me sentencian”, protestó Luisa Lozano. Angamarca, por su parte, se exculpó diciendo que, en el ejercicio de su labor de comunicador comunitario, se limitó a informar a la población sobre las necesidades del pueblo Saraguro. Cinco abogados se encuentran defendiendo a 12 indígenas detenidos en espera de juicio.
Sisa ya no es uno de ellos. El 24 de mayo fue absuelta de todos los cargos. la resolución judicial no le acobarda y, a partir de ese momento, apoya, con más fuerza aún si cabe, la lucha de su pueblo.
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Ecuador se asienta sobre una tierra que tiembla. Ocho meses después del rugir del Cotopaxi y la insurrección de Saraguro, un terremoto de 7,8 grados asoló la costa pobre del país. El sismo provocó más de 600 fallecidos, 4,605 heridos, 6,998 edificios destruidos y 281 escuelas dañadas. Seis provincias del oeste entraron en el mes de abril —y aún siguen— en estado de excepción: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Rios y Guayas.
La inesperada erupción del Cotopaxi provocó cero víctimas mortales y no causó daños materiales. A pesar de ello, el estado de excepción se aplicó a la totalidad del territorio. En Ecuador, como diría el filósofo Giorgio Agamben, todo es estado de excepción.
“Nos botaron una bomba lacrimógena para que nos dispersásemos. Estaba desesperada al ver que muchos niños y ancianos estaban tirados por el suelo”
Coincidiendo en el tiempo con los primeros bramidos y explosiones del Cotopaxi, el movimiento indígena —aglutinado bajo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE— emplazó marchas que habrían de arrancar desde diversas poblaciones y en dirección a la capital. El día 10 de agosto, la organización llamó al levantamiento en todo el país. El 13, CONAIE se unió a un paro nacional indefinido, convocado por las organizaciones sindicales y gremiales, y los movimientos sociales.
En cuanto entró en vigor el estado de excepción, en tan solo seis días se produjeron 123 detenidos por todo el país, según la Fiscalía General de Ecuador. Sisa fue detenida el 17 de agosto. Ese mismo día, policías nacionales y soldados de las Fuerzas Armadas lanzaron gases lacrimógenos contra la población indígena de Saraguro. Los agentes se introdujeron en territorio comunal, entraron en varios hogares y se produjeron 34 detenciones. Cinco de esas personas —cuatro de ellas eran menores de edad— fueron puestas en libertad el mismo día.
Mediante entrevista telefónica, Sisa Contento explica que, en el momento de los altercados, estaba cocinando junto a otras compañeras para todos los que se habían unido a la huelga. “A las diez de la mañana llegaron un montón de militares y policiales”, dice. “Nos botaron una bomba lacrimógena para que nos dispersásemos. Estaba desesperada al ver que muchos niños y ancianos estaban tirados por el suelo, acudí a tratar de ayudarles”.
De lo que sucedió en los minutos siguientes, Contento recuerda que había una docena de policías que pegaban a un anciano y, aunque trató de defenderlo, tuvo que escapar para que no la atrapasen.
“Luego, bajamos a una comuna, Lagunas, pero nos cogieron cuatro militares. El resto, policía, eran como unos diez”.
El mismo día en el que Correa decretó estado de excepción debido a la erupción volcánica, también ordenó desbloquear la Panamericana. Hasta entonces, los manifestantes habían cortado la carretera en diferentes zonas del país. De norte a sur: Otavalo, Tungurahua, Chasqui, Cuenca y Loja. “Siempre se pudo despejar esa carretera, pero no se quiso hacer en ciertos sitios”, dijo el presidente. “Tengo fotos de la policía protegiendo a los manifestantes para que no pasase nada y no haya enfrentamientos, sin obligarles a despejar la carretera”. Ante esta situación, el Presidente aseguró: “¡Aquí todo el mundo me respeta la ley, no pueden atentar contra los derechos de los demás y no pueden bloquear una sola vía!”.
Tras las detenciones, la joven indígena y sus compañeras fueron transportadas de un carro policial a otro hasta subir a un furgón que las llevó hacia la comisaría de Loja. “En el bus nos decían [los agentes de policía]: ‘Cállense, no griten, no abran las ventanas’, aparte del calor que hacía no querían abrir las ventanas”, dice.
“[En el viaje] estuvimos esposadas, llegaban compañeros cubiertos de sangre, con el pantalón bajado, sin camiseta y no había manera de hacer algo por ellos”, explica.
“Decían a unas compañeras en otro furgón ‘las vamos a violar, no digan nada, no hagan nada porque las vamos a violar’”, relata.
Durante el trayecto hacia comisaría —donde le tomaron las huellas y le hicieron un reconocimiento de voz— Sisa, asegura, lo pasó “muy mal” porque “el bus chocó contra señalizaciones e incluso arrolló a un ternero”. Luis Guamán, abogado defensor del caso, cuenta que ahora esos daños se pretenden atribuir a los detenidos. “Eso no se justifica porque las comunidades indígenas saben, a través de sus propias autoridades de justicia indígena, que corrieron con exceso de velocidad y en el trayecto hubo varios impactos. Esos fueron daños causados por la policía”.
El letrado, además, denuncia que el Gobierno haya ordenado a la fuerza pública —policías y militares— capturar a personas que están ejerciendo un acto reconocido por la Constitución como es el derecho a la resistencia. Este —recogido en el artículo 98— se puede ejercer «frente a acciones u omisiones del poder público (o de las personas naturales o jurídicas no estatales) que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales». Además, la ley permite demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
Ha pasado un año desde las detenciones, pero Sisa sigue sin saber por qué, después de ser identificada, le hicieron una analítica de sangre. “Nunca dieron los resultados”, dice, preocupada. Tampoco le explicaron para qué servía una inyección que le pusieron. “No dieron ni un certificado médico”, añade. Tras pasar dos noches en el centro de internamiento de mujeres Santa Martha, en Loja, pudo salir en libertad.
“En ninguno de los estados de excepción se han suspendido todos los derechos constitucionales como sucedió con la erupción del Cotopaxi”
No solo hay denuncias al trato que recibieron las y los indígenas aquel día sino también al proceso legal al que han sido sometidos. Patricio Valdivieso, doctor en Jurisprudencia y docente en la Universidad Nacional de Loja, asegura que hay una “violación de derechos” porque “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. Y los acusados fueron juzgados por la justicia indígena (el Consejo de Ayllu) y por la justicia ordinaria.
“El Consejo de Ayllu llevó a cabo un proceso indígena paralelo, absolviendo a todos los implicados, y pidió archivar el juicio que se estaba realizando en la justicia ordinaria”, explica.
Hasta ahora, en ninguno de los estados de excepción se han suspendido todos los derechos constitucionales como sucedió con el Cotopaxi: la libertad de información, la inviolabilidad de domicilio, el tránsito, la reunión y la correspondencia quedaron a merced del Gobierno. El país permaneció así durante los sesenta días siguientes.
No hay cifras oficiales del número de agentes que desplegaron el efectivo que practicó las detenciones de Saraguro. Ni el excomandante de la Policía Nacional de Loja ni la gobernadora de la provincia lo indicaron en sus respectivas ruedas de prensa. Tampoco aparecen las cifras reflejadas en las páginas web del Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Policía Nacional, Secretaría de Riesgos y Fiscalía General.
Lo única información oficial de la que se dispone llega a través del decreto que se publicó aquel día: «dispónese el empleo de totalidad de los miembros de las FFAA [Fuerzas Armadas] y Policía Nacional».
“Eran como unos 400 miembros del efectivo”, recuerda Lilia Arias, periodista freelance que trabajaba en aquel momento para el diario El Comercio. “Doscientos estaban en la carretera, cien policías y cien militares, el resto estaba en los alrededores del pueblo, en la montaña”. En un recuento visual, al menos, cien militares y cien policías entraron en territorio comunal.
Bajo estado de excepción, Correa puso al mando al ministro de Seguridad, César Navas, para que coordinase la movilización nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional junto al Ministerio de Defensa. (Para recabar mayor información gubernamental hemos solicitado una entrevista con César Navas que no ha sido concedida por motivos de agenda. Tampoco se ha obtenido respuesta por parte de Johanna Ortiz, gobernadora de Loja).
El día de las detenciones en Saraguro, el entonces comandante de la Policía Nacional de Loja declaró en rueda de prensa que se actuó de acuerdo al estado de excepción vigente. Pero, como hemos visto, el estado de excepción vigente en ese momento nada tenía que ver, al menos oficialmente, con las protestas políticas, sino con un desastre natural a cientos de kilómetros de distancia.
(Hemos tenido acceso al contenido de esta rueda de prensa gracias a la grabación de la periodista Lilia Arias).
En la ronda de preguntas, el mando Ignacio Benítez aseguró que los agentes eran “los guardianes del orden y la seguridad” mientras permaneciese vigente el estado de excepción. En la actualidad, Benítez es director de Planificación de la Policía Nacional, órgano asesor que reporta directamente al Comando General de la Policía Nacional. «Así no fuera ordenado por nadie, nuestra misión es precautelar las órdenes y las leyes de la Constitución de la República, y no se diga en un estado de excepción», dijo.
Como respuesta al uso de gases lacrimógenos lanzados contra la población indígena, el excomandante explicó que «no es un arma letal» y que sirve para «disuadir masas». En relación al cierre de vías, afirmó que no permitiría la agrupación de personas en la vía pública que impidieran la libre movilidad de los vehículos.
Por lo sucedido aquel día, Correa felicitó a la policía y rechazó la actuación de los indígenas porque «actuaron de forma violenta» y, supuestamente, secuestraron al cabo Jaime Revilla. Ante esta acusación, la CONAIE responde que «inmediatamente fue liberado». Por otro lado, el Ministerio de Interior resalta que 114 policías resultaron heridos en los disturbios de aquella jornada.
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El estado de excepción confiere al Presidente una serie de concesiones que bajo una situación de normalidad no podrían llevarse a cabo, como la posibilidad de convocar movilizaciones a nivel nacional (orden forzosa de prestar servicios individuales o colectivos a personas jurídicas o físicas), llamar a filas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, recaudar impuestos de manera anticipada, utilizar los fondos públicos para otros fines (excepto los relativos a salud y educación), establecer la censura previa en la información y cerrar fronteras.
Los estados de excepción deben establecerse siempre y cuando haya agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, según la ley.
No es la primera vez que en Ecuador se establece el estado de excepción. El presidente, Rafael Correa, lo ha decretado hasta 78 veces para afrontar problemas políticos, económicos y medioambientales: mala administración de Petroecuador, sequías, inundaciones, intento de golpe de estado…
Si se sumase la duración de todos los decretos en los que Correa ha declarado esta excepcionalidad, el país ha permanecido bajo esta inhibición de derechos 3,667 días, a fecha de 8 de julio. Más de nueve años. Más días de los que este Gobierno lleva en el poder.
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Desde que la joven Sisa tiene memoria, nunca había visto tanta represión hacia su pueblo. La instrumentalización del volcán Cotopaxi para suspender derechos fundamentales permitió a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas entrar en los hogares y practicar detenciones. “Con el estado de excepción tenían derecho a entrar en las casas”, dice.
Jorge Herrera, presidente del movimiento indígena CONAIE, secunda la opinión de Sisa: “Correa utilizó el estado de excepción para así obtener la facultad legal de reprimir a los pueblos”, y señala que estas intervenciones se han realizado “principalmente donde están las minas de petróleo y donde se pretende hacer minería a cielo abierto”.
Tampoco le cabe duda a Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. “El volcán está ubicado a unos 165 kilómetros de Quito y el radio de acción estaba definido”, asegura. “Los científicos saben cuál es el rango de territorio afectado, pero el Presidente puso el estado de excepción para todo el país.
Como si el Cotopaxi, al erupcionar, enviase la lava hasta el último rincón de nuestra patria”, dice la periodista.
“Todos sabemos que es un absurdo, que no tiene ni pies ni cabeza, pero él, utilizando ese pretexto, puso el estado de excepción en todo el país. La Constitución dice que debe regir, primero, señalando cual es el motivo —en este caso el Cotopaxi— y, en segundo lugar, debe ser con las medidas proporcionales”, explica Fierro. Para ella, la Corte Constitucional (máximo órgano de control judicial) “avaló esta situación” porque “el sistema judicial está copado por el Gobierno”.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron la represión que se vivió por todo el país durante aquel mes. AI inició una acción para que se llevasen a cabo investigaciones “inmediatas e imparciales” sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los malos tratos bajo custodia policial.
HRW, por su parte, denunció “el uso excesivo de la fuerza” que se ejecutó para dispersar a manifestantes durante las protestas.
“El Gobierno utilizó la amenaza de una erupción volcánica cerca de Quito para otorgarse amplias facultades para desplegar las Fuerzas Armadas a lo largo del país y suspender derechos fundamentales”, señaló Daniel Wilkinson, director general de la organización.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la situación: «la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades», indicó en su informe anual 2015 [PDF].
La Comisión ha señalado que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión” y que el ejercicio de este derecho a través de la protesta social “no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”.
Este organismo americano también denunció, ya en el año 2000, la cantidad de veces que se había decretado esta situación de excepcionalidad. “Ecuador tiene una larga historia de declaraciones de estados de emergencia, dictados para paliar problemas tanto sociales como económicos, así como la delincuencia”, citaba en su reporte anual. Por aquel entonces, no existía el estado de excepción tal y como se lo denomina hoy, sino el de “emergencia”.
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Sisa Contento alza su voz porque lo siente como uno de los legados que le dejó su padre como activista en pro de los derechos de los indígenas. Aquel 17 de agosto de 2015 la joven denunciaba el cierre de las escuelas comunitarias y reclamaba el libre acceso a la universidad. Hace poco, Sisa se ha convertido en representante de los derechos de la mujer en Corpukis, la Coordinadora del Pueblo Kichwa de Saraguro, mientras prosigue sus estudios de Administración Turística a distancia, en la Universidad Técnica Particular de Loja.
Estudiar la carrera que se desea y hacerlo en una universidad próxima no está en la mano de todos. En el año 2012 se incorporó al sistema educativo un examen obligatorio de admisión a las universidades públicas ecuatorianas, el ENES (Examen Nacional para la Educación Superior). Dependiendo de la nota obtenida, los estudiantes pueden postular para una u otra carrera.
El problema es que se ha detectado un desajuste de nivel entre el examen y los conocimientos adquiridos previamente. Si el estudiante no consigue la nota que necesita, puede cursar gratuitamente un curso de nivelación de medio año de duración y volver a examinarse. Pero, con dinero, el proceso es más sencillo. Las familias con recursos pueden inscribir a los estudiantes en cursos preuniversitarios de preparación al examen.
Y, si se inscriben en una universidad privada en lugar de pública, el tiempo del curso de nivelación se recorta a dos meses y cuesta entre 90 y 160 dólares.
“El ENES invita a la deserción de la universidad” analiza Resistir es mi Derecho, una web gestionada por la CONAIE para visibilizar las detenciones de Saraguro. “Muchos jóvenes han sido designados a una carrera que no querían”, dice, y otros muchos son asignados a universidades lejanas a su vivienda, los cual implica mayor gasto para familias de escasos recursos que no pueden sostener el costo de la vivienda, la alimentación y la movilización de sus hijos.
El cierre de las escuelas comunitarias es otro asunto que preocupa a las comunidades indígenas. La reforma educativa de Rafael Correa ha implantado el Sistema de Educación Intercultural con el que espera que “se respeten los ritmos de aprendizaje de las personas”, incorporando conocimientos de otras culturas que “contribuyan al desarrollo armónico de la persona y del medioambiente”. Este plan se materializa en las Escuelas del Milenio, centros educativos normalizados tanto en su funcionamiento como en su construcción. Se han edificado 63 de estas escuelas, se están levantando 50 unidades y se prevé 212 más.
El movimiento indígena interpreta que el cierre de cientos de escuelas comunitarias en todo el territorio de Ecuador se hace para potenciar estos nuevos colegios. “Varios niños y niñas han dejado de ir a la escuela porque las Escuelas del Milenio quedan lejos de sus comunidades” y “no hay carreteras ni transporte público que les lleven”, denuncian en la web. Además, en ellas, “no se habla la lengua materna sino español e inglés”.
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“Si no ha habido otros levantamientos es porque el Gobierno de Correa y la Revolución Ciudadana han callado la voz de la gente. Se iba creando una estructura de miedo y sometimiento a la ciudadanía”, opina el defensor de las comunidades indígenas Jorge Herrera. “En años anteriores hubo manifestaciones por el agua, por los derechos comunitarios, pero esta vez, el levantamiento indígena fue el más notable de todos”.
Bajo un contexto en el que los partidos apenas tienen representación en el Parlamento, el analista político Luis Verdesoto asegura que el movimiento indígena no tiene una gran capacidad de mover electores, aunque sí de movilización social. Para él, el levantamiento indígena de agosto no tuvo ni la dimensión ni la relevancia que sí había tenido en años anteriores pero fue simbólicamente importante porque marcó el inicio de una línea de actuación más dura contra el Gobierno.
La historia de Ecuador guarda episodios en los que los alzamientos indígenas fueron determinantes para derrocar gobiernos. En los años noventa, por ejemplo, el movimiento apoyó a los militares en la caída del régimen del presidente Jamil Mahuad (1998-2000).
La alianza de este pueblo con las fuerzas militares ecuatorianas se explica porque estas, durante cuarenta años, han jugado un papel de tutela hacia la democracia.
“Respetan a las instituciones pero jamás agreden al pueblo ni en nombre ni en contra de la democracia”, explica Verdesoto. Desde 1995 hasta 2005, actuaron firmemente en la caída de los presidentes Abdalá Ortiz, Lucio Gutiérrez y Jamil Mahuad pera después devolver el rol constitucional al Parlamento. “Las Fuerzas Armadas ecuatorianas no tuvieron antecedentes de formar parte de dictadurasno tuvieron antecedentes de formar parte de dictaduras ni “se parecen a las venezolanas ni a las bolivarianas”.
“Sacarlas a las Fuerzas Armadas la calle durante el estado de excepción supone infundir miedo entre la población porque no poseen un entrenamiento para ejercer una violencia limitada”
“Cuando los indígenas irrumpieron a finales de los ochenta, ambos grupos —indígenas y militares— hicieron pactos territoriales al margen del Estado”, explica Verdesoto. Esta buena relación se basa también en que el grueso de los militares provienen de zonas rurales. Esta alianza, no obstante, se está quebrando debido a la instrumentalización de las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno y a los recortes en gasto militar a raíz de la crisis petrolera que arrastra el país desde comienzos de 2011.
Durante el estado de excepción de 2015, las Fuerzas Armadas actuaron como auxiliares de la policía para mantener la seguridad interna. “Bajo esta situación —explica Luis Verdesoto— las Fuerzas Armadas pasan a tener un papel directamente dependiente del Ejecutivo”. Sacarlas a la calle durante el estado de excepción supone infundir miedo entre la población porque “su forma de reprimir es distinta a la de la Policía, no poseen un entrenamiento para ejercer una violencia limitada”. Al enfrentar a los militares contra la población indígena, exponen a estos últimos a una represión aguda y sin límite:
“una intervención descontrolada que se produce al entrar en los hogares de los indígenas”.
Al inicio del Gobierno de Correa, las Fuerzas Armadas fueron “sumisas y subordinadas” al ejecutivo. Han servido como retaguardia y han nutrido la seguridad interna. Pero, en la actualidad, están enfrentadas al Gobierno por motivos salariales. Ecuador, exportador número 26 de petróleo a nivel mundial, ha visto reducidos sus ingresos debido a la bajada del precio del crudo en especial a partir de 2013; hablamos de un país cuyo 13.7 por ciento del PIB llega de la explotación de los recusos fósiles.
El gasto salarial en la carrera militar es muy alto. De hecho, Ecuador es uno de los países con más gasto militar per cápita de América Latina. Un 2.9 por ciento del PIB de 2014 tuvo que destinarse a mantener el Ejército, la Marina y la Aviación. Los salarios de los 41,000 miembros en servicio activo son similares a los de los 36,000 retirados, ya que estos últimos cobran el 88 por ciento de su última paga y una variación según los años de servicio.
Son profesionales que se jubilan antes que los del sector civil y por tanto el gasto de la seguridad social en ellos es muy elevado. El escalafón de galones supone grandes diferencias en la paga, que va desde los 885 dólares que recibe un soldado raso a los 5,275 dólares de un general. Correa realizó una unificación de escalas salariales que no contentó a los militares.
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El día en el que, tras la erupción volcánica, el Presidente puso al país estado de excepción, también limitó la libertad de información sobre la actividad del volcán. “En estos casos es muy importante la información”, justificó Rafael Correa en su habitual discurso televisivo de los sábados, “que no se generen rumores lanzados por cualquier desubicado por Twitter y generen pánico”. A pesar de su importancia, dedicó apenas los cinco últimos minutos a hablar de la censura preventiva, en una sabatina que duró más de tres horas.
“De acuerdo a la Constitución, la única fuente de información será el ministro coordinador de seguridad, César Navas, y eso es lo que podrán publicar y transmitir los medios. [No podrán transmitir] ni rumores, ni murmuraciones, que pueden generar un caos innecesario”, añadió.
Correa detalló la importancia de una sola voz “técnica” como fuente de información. “Es sumamente importante controlar el flujo de comunicación”, dijo. “La única voz oficial en medios, televisión, radios y prensa será lo que diga César Navas; no lo que diga un alcalde ni cualquier concejal, ni un supuesto técnico, ni un politiquero” y advirtió que de otra forma se podrían generar graves problemas.
La presidenta de la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador (UNP), Guadalupe Fierro, no se explica cómo en un momento “de máxima necesidad de información” se prohibe a los medios informar sobre el volcán con pluralidad de fuentes. La explicación para ella es que “el régimen quería acallar las voces sobre las protestas en el país”. Para Fierro, la manera de afrontar las catástrofes es maximizando la información de una manera responsable. “Aquí ocurrió a la inversa”, dice.
Criticar la gestión de la información le costó muy caro al periodista ecuatoriano Martín Pallares.
Lanzó un mensaje a través de su cuenta personal de Twitter en el que criticaba la censura previa de la información. “¿Se imaginan el proceso del Cotopaxi solo con entrevistas al ministro de Seguridad y nunca a un técnico del Geofísico? #YoPrefieroAlGeofísico«, escribió el domingo 16 de agosto de 2015. Un día más tarde, recibió su carta de despido desde la dirección del periódico El Comercio.
Su salida de esta cabecera dejó entrever lo que sucedía en el país en torno a los medios de comunicación: una fuerte intervención en el periodismo ecuatoriano a partir de una nueva ley de comunicación, la LOC (2013). En las redacciones ecuatorianas ya no solo hay periodistas, fotógrafos y diseñadores, sino también juristas que supervisan los escritos con el fin de que el medio no se vea comprometido con lo que se publica.
Un alto cargo dentro del diario, quien prefiere mantener el anonimato, justifica que en varias ocasiones la dirección le había llamado la atención al periodista Pallares por el incumplimiento del Manual de buen uso de redes sociales. Un tríptico que, según el periodista despedido, se entregó como hoja informativa, la cual no está incluida dentro del código deontológico del medio.
“Él interpretaba que se estaba violando su derecho a la libertad de expresión”, explica el alto cargo.
“Sobre el último incidente que desencadenó su salida”, en referencia a los tuits por el volcán Cotopaxi, “lo que conocemos es que se debió a insultos que profirió contra el presidente en Twitter, por lo cual desde la dirección general se le pidió que dejara de tuitear en términos ofensivos y él no estuvo de acuerdo”. Pallares desmiente esta última versión ya que asegura que directamente fue despedido del medio sin consenso.
Tras establecer la censura de la información del volcán, la presidenta de la Unión de Periodistas señala que se podía leer más sobre el Cotopaxi en redes sociales que en los propios medios ecuatorianos. “Nos encontramos con boletines informativos en las redes y no en las páginas de los medios de comunicación, ni públicos ni privados”, explica.
D.A., investigador del Instituto Geofísico del Ecuador, valora en una entrevista telefónica que la censura a la información se realizó porque “se prefería un vocero único”. Según explica, bajo estado de excepción, la información la realizó el Instituto —encargado de monitorear los sismos y volcanes del país—, pero la revisaba el ministro de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgos.
“Como la guerra civil, como la insurrección, como la resistencia, el estado de excepción es una forma legal de aquello que no pude ser legal”
“Había portavoces que no estaban informados y la gente empezó a entrar en pánico”, asegura. “Los medios de vez en cuando cometían algún fallo, pero difundían la información que dábamos. Había universidades que querían aparecer sin tener los datos suficientes”. En particular, D.A. cuenta que había un investigador griego que lanzaba mensajes de “destrucción” y de “inutilidad” al equipo de investigación. Preguntado por si en algún momento se pidió a ese investigador que parase de difundir esos mensajes, esta fuente del Geofísico asegura que no se realizó ninguna petición y que se declaró directamente el estado de excepción.
Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico, asegura que no hubo ningún manipulación en la información: “se gestionó así porque las razones que dieron desde el Gobierno eran que habían muchos rumores que eran necesario consolidar y dar información que sea respaldada que vengan de fuentes oficiales”
El geofísico justifica que se aplicara el estado de excepción a todo el país en lugar de al área de influencia del Cotopaxi porque “una erupción grande del volcán hubiese alterado de forma significativa el funcionamiento de las actividades en el país”. Y añade que este evento de grandes dimensiones, llevó al Gobierno a controlar la información.
“Me explicaron varias veces que era para evitar que los rumores puedan causar más problemas”. Según Ruiz, dichos rumores se difundían por redes sociales y de persona a persona.
Por ahora, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) no es de aplicación a las redes sociales y, según opina la presidenta de la UNP, estas no pueden ser censuradas. “Correa ha intentado llegar a ellas”, asegura. “Gracias a una demanda que interpusimos algunas organizaciones, se dejó en claro que las redes sociales no podían ser sujetas de la censura”.
El contexto de esa demanda fue la información en campaña electoral. La Corte Constitucional del Ecuador resolvió que en las redes sociales, consideradas como “nuevos medios de comunicación”, las personas tienen derecho a transmitir ideas, opiniones o información de interés nacional en referencia al proceso electoral, garantizando entonces el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
Ante la censura de la información en los medios públicos y privados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en su último informe que “por la relación estructural de la libertad de expresión con la democracia, durante una situación de excepción en una sociedad democrática los Estados no tienen una discrecionalidad absoluta para limitar este derecho y deberán ceñirse al principio de necesidad y proporcionalidad”.
El estado de excepción, dice Giorgio Agamben, es esencialmente un espacio vacío. “Como la guerra civil, como la insurrección, como la resistencia”, se sitúa en un punto ambiguo entre lo jurídico y lo político, “una forma legal de aquello que no puede ser legal”. Lo provisional se vuelve norma en los Estados contemporáneos, incluso en los calificados seriamente como democráticos. Y eso, para Ambagen, no es otra cosa que el umbral entre la democracia y el absolutismo.